Donde hace tan sólo unos meses había un río en buen estado ecológico, ahora hay un triste regato alicatado y salpicado de máquinas de obra por todas partes. Las fotografías hablan por sí solas.

Doce kilómetros de los ríos Torío y Bernesga (León) han sido arrasados por la Dirección Técnica de la Confederación, bajo el pretexto de crear paseos peatonales, aseguran desde la Asociación AEMS Ríos con Vida, que fue Premio Nacional de Medio Ambiente en 1998. Según explican desde la propia organización, el llamado Plan de Restauración de Riberas esconde el dragado y la canalización de varios cauces por un importe de 50 millones de euros, procedentes de los fondos de la Unión Europea (UE).

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha ejecutado unas impactantes obras que fueron excluidas del proceso de evaluación ambiental sin razones aparentes, según AEMS Ríos con Vida. Las obras han consistido en el dragado completo del lecho y la desfiguración de las riberas y su bosque fluvial en una zona que se encontraba en un aceptable estado de conservación.

Dinero del Fondo de Desarrollo Regional

En el caso del Torío en Villaquilambre (León), se han dilapidado 663.000 euros de un convenio firmado con su Ayuntamiento y la Junta de Castilla y Léon en emplear maquinaria pesada que ha acabado con el lecho y bosque de ribera, que han sido sustituidos por un canal y una escollera de grandes dimensiones.

"Estas graves actuaciones vulneran los principios del buen estado ecológico y no deterioro adicional de la Directiva Marco del Agua de la UE, a la vez que la Directiva de inundaciones, pues las favorecen en grado sumo, ya que una llanura fluvial libre y bien conservada es la mejor opción frente a las subidas del nivel de las aguas. Además, infringen claramente la normativa de impacto ambiental y de aguas, pues carecen objetivamente de fundamento y justificación", explica la organización en un comunicado.

El dinero utilizado para la destrución de los cauces proviene de los fondos de desarrollo regional de la UE. "Usar este dinero para contravenir la normativa europea supone un grave añadido a estos bárbaros proyectos, cuyas consecuencias pueden acarrear distintos tipos de responsabilidad a sus promotores, ya que se han destinado los fondos a un objeto que nada tiene que ver con la reducción de las disparidades económicas y sociales de los ciudadanos de la Unión Europea", dicen fuentes de la asociación.